En el caso específico de Guatemala, la incorporación del paradigma del desarrollo sostenible se produjo de manera tardía y fragmentada, condicionada por la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, los cuales pusieron fin al conflicto armado interno, pero no resolvieron las causas estructurales que le dieron origen. Dicha incorporación ocurrió sin cuestionar el modelo agro-mono-exportador de herencia colonial que el país continuaba impulsando.
Por supuesto, ya no era el añil el fundamento de la economía nacional, sino el café y el azúcar; sin embargo, en términos socioeconómicos, persistían condiciones profundamente desiguales que afectaban a las grandes mayorías y, particularmente, a los pueblos indígenas, quienes enfrentaban situaciones de pobreza y exclusión estructural.
La desigualdad en la tenencia de la tierra, la exclusión histórica de los pueblos indígenas, la debilidad institucional del Estado y la continuidad de un modelo primario-exportador limitaron la posibilidad de construir un desarrollo integral y equitativo. Durante esta época, en Guatemala, hablar de un nuevo modelo de desarrollo capaz de transformar la estructura feudal de la economía, resolver con urgencia la dimensión social y valorar las culturas indígenas y sus visiones de mundo y de vida como sustento de un nuevo progreso nacional, era prácticamente colocarse al margen del Estado y convertirse en objetivo de persecución política.
En este contexto, el Estado guatemalteco no solo experimentaba un creciente distanciamiento en el ámbito internacional debido a las dinámicas internas del conflicto, sino que también mostraba una limitada incorporación a los debates y consensos que, en el sistema internacional, comenzaban a plantear nuevas perspectivas sobre un progreso con enfoque humano.
A nivel internacional, desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y posteriormente con el trabajo de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se posicionó el concepto de desarrollo sostenible, definido como “aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”. No obstante, la apropiación de este concepto en Guatemala se produjo sin una revisión profunda de las estructuras históricas que habían configurado la desigualdad.
En este escenario, el desarrollo sostenible ha sido entendido con frecuencia desde una perspectiva reduccionista, priorizando la dimensión ambiental —especialmente la conservación de los recursos naturales— sin integrar de manera plena las dimensiones social, económica y cultural. Esta lectura parcial ha favorecido la expansión de monocultivos, proyectos mineros, hidroeléctricos y agroindustriales que sustituyen a los antiguos productos coloniales, pero sin transformar la estructura de explotación que los sustenta. Bajo el discurso de la sostenibilidad, estas iniciativas tienden a reproducir dinámicas de despojo territorial, degradación ambiental y conflictividad social, particularmente en territorios indígenas.
Esta contradicción revela una tensión profunda entre los enfoques hegemónicos del desarrollo y las formas de vida de los pueblos originarios. Lejos de representar una transformación estructural, muchas de estas propuestas continúan respondiendo a lógicas extractivistas y coloniales.
En efecto, la pobreza extrema que afecta de manera desproporcionada a estas poblaciones no constituye un accidente histórico, sino una consecuencia estructural de un orden colonial persistente. Se invoca la sostenibilidad mientras se vulneran derechos colectivos, se deterioran ecosistemas y se profundiza la conflictividad social.
Por lo tanto, el desarrollo sostenible, tal como se concibe y se implementa actualmente, continúa siendo más una aspiración discursiva que una realidad transformadora. La pobreza se traduce en una marginación creciente que atraviesa las dimensiones social, económica, política y cultural. Desde esta perspectiva, el desarrollo sostenible aparece no como una ruptura con el pasado colonial, sino como una reconfiguración del proyecto moderno-colonial, que mantiene la lógica de extracción, acumulación y control territorial.
Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, este tipo de desarrollo no resulta coherente con su comprensión integral de la vida. Las culturas originarias han sostenido históricamente una visión de interdependencia entre seres humanos, naturaleza y espiritualidad. Su pensamiento —caracterizado por la apertura, la fluidez y la capacidad de resistencia cultural— constituye una fuente fundamental para replantear los fundamentos del desarrollo.
Frente a este panorama, el desarrollo sostenible no puede resignificarse sin una revisión epistemológica profunda. Las cosmovisiones indígenas ofrecen claves para imaginar alternativas al paradigma moderno-colonial. Conceptos como el Buen Vivir —inspirado en filosofías ancestrales mesoamericanas y andinas— no conciben la naturaleza como recurso, sino como sujeto de vida con el que se establecen relaciones de reciprocidad y equilibrio.
Las interrogantes que emergen desde estos pueblos son fundamentales: ¿A qué generaciones futuras se refiere el desarrollo sostenible?; ¿Por qué continúa situando al ser humano como centro del universo?; ¿Bajo qué criterios se define la implantación tecnológica y el destino de las inversiones? y ¿En qué medida se reconoce una relación de complementariedad entre culturas, en lugar de una lógica de imposición?
Esto supone que encarar el concepto de desarrollo desde el pensamiento indígena implica destacar las relaciones entre la humanidad y la Madre Tierra, así como los vínculos comunitarios que sostienen la vida colectiva. En medio de la globalización, esta visión integral continúa vigente en amplios sectores del territorio nacional. La pregunta esencial persiste: ¿Qué sería de la humanidad sin el agua, las plantas, los animales y los árboles?
La sostenibilidad, en este sentido, no se limita a la conservación de recursos, sino que implica la defensa integral de la vida. Más que consolidar un paradigma occidental del siglo XXI, el desafío consiste en trascender la noción tradicional de desarrollo y abrir camino a proyectos civilizatorios plurales, arraigados en la dignidad humana, la justicia social y el respeto profundo a la Madre Tierra.
María Antonieta Ixcoteyac Velásquez
Coordinadora General
INEPAS